Redacción DirCom
El proceso de reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de San Miguel de Tucumán sumó este jueves la propuesta técnica basada en estudios interdisciplinarios elaborada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. El aporte tuvo como ejes claves la sostenibilidad ambiental, la redistribución de cargas urbanas, la protección del patrimonio y la incorporación de mecanismos de participación y auditoría ciudadana, entre otros.
La presentación correspondió a la séptima audiencia pública de la comisión especial para la Reforma del CPU, que se viene reuniendo en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, con el fin de debatir junto a funcionarios, ediles, expertos y actores estratégicos del ámbito público, académico y privado, los criterios sobre cómo debe planificarse el desarrollo de la ciudad para las próximas décadas.
El coordinador del equipo técnico municipal abocado al proyecto, Luis Lobo Chaklián celebró la posibilidad de integrar la visión académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y destacó el carácter colectivo y participativo del proceso de reforma, que hasta el momento cuenta con la intervención de más de 60 instituciones, bajo un esquema de diálogo y consenso.
“La ciudad es un proyecto colectivo que no es exclusivo de nadie, todos deben participar. Y en esta oportunidad la visión académica, la experiencia que tiene la Facultad, los Institutos de Investigación que participaron prometen entregar un material que no podemos dejar de lado para realizar las futuras modificaciones que tiene que tener el Código”, sostuvo.
“Nosotros estamos pensando una ciudad para 30 años o más, de 800.000 habitantes e incorporamos en este esquema todos los elementos modernos, tecnología, pero sobre todo la visión humana para mejorar la calidad de vida de la ciudad”, afirmó Lobo Chaklián, a la vez que puntualizó que “la visión metropolitana, los temas medioambientales, las nuevas centralidades, la ciudad inteligente, la movilidad y el equilibrio de la infraestructura son los temas fundamentales” a tener en cuenta en el proceso para actualizar el CPU.
El concejal Facundo Vargas Aignasse, presidente de la comisión para la reforma, subrayó el trabajo en equipo que implica el mecanismo y precisó que “son muchas las conclusiones que van surgiendo después de las mesas de las temáticas que se vienen analizando, pero la incorporación de normativa de medio ambiente y movilidad urbana viene siendo central en este proceso”.
La arquitecta y doctora en ciencias sociales Natalia Czytajlo, secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación Tecnológica de la FAU, explicó que para elaborar la propuesta la casa de altos estudios creó una comisión ad hoc que articula los aportes de los diferentes institutos que funcionan en la Facultad, relacionados con las áreas de proyecto y planeamiento, comunicación, historia y tecnología.
“Esta es una oportunidad. Vamos a seguir trabajando en la comisión ad hoc, la idea es poder articular servicios específicos desde la Universidad y desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en particular porque entendemos que esa sinergia es imprescindible”, remarcó la experta, al tiempo que recalcó que tanto la institución académica como la Municipalidad comparten la visión “de construir de algún modo un nuevo espacio, un territorio con un futuro más equitativo para todos y todas, con sostenibilidad y preservando la identidad de la ciudad”.
La profesional aseguró que el proceso de reforma del CPU debe contemplar “un componente ambiental, de sostenibilidad y de cuidados, no solo pensando en los recursos que tiene el territorio, la ciudad, sino también poniendo en el centro a las personas y la vida de las personas”.
Por otro lado, “el acceso equitativo a las oportunidades que brinda la ciudad y la redistribución de las cargas y beneficios que da el desarrollo urbano es un tema imprescindible que como universidad pública también hay que resaltar”, expuso Czytajlo.
La arquitecta especificó que la propuesta de la FAU plantea “líneas de acción que por ejemplo contemplan áreas especiales de protección que tiene que ver con el patrimonio y los recursos naturales; áreas vulnerables que requieren de intervenciones particulares para proveer equipamiento público y de calidad; y la preservación de áreas estratégicas como el ferrocarril, por ejemplo”.
Otra sugerencia es la incorporación de “instrumentos y mecanismos que pueden favorecer la participación desde el mismo código, como hacer auditorías urbanas o estudios de vecindad, que da lugar a la intervención-acción de las personas en relación a los proyectos que la Municipalidad tiene”, manifestó.
