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La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio un nuevo paso en la construcción de políticas públicas para prevenir la trata de personas con fines de explotación laboral y el trabajo forzado, al validar una Hoja de Ruta Local elaborada de manera participativa con el acompañamiento de la organización Free the Slaves (FTS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La validación del instrumento se realizó durante un taller que reunió a autoridades y equipos técnicos municipales con representantes de ambos organismos internacionales, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la Gobernanza Local contra la Trata y el Trabajo Forzado en Tucumán, Argentina", financiado por Free the Slaves.
La iniciativa apunta a fortalecer la capacidad del municipio para prevenir y abordar este tipo de delitos mediante la articulación entre distintas áreas del Estado, la capacitación de agentes municipales y la implementación de mecanismos de coordinación para la detección y atención de posibles casos.
Del encuentro, realizado en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio, participaron la directora regional para América Latina de Free the Slaves, Cinthia Belbussi; el secretario General del Municipio, Rodrigo Gomez Tortosa; y la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; junto a directores y equipos técnicos de distintas áreas municipales. También asistieron la coordinadora del componente de Estrategias para Sujetos de Especial Protección de UNODC para la región andina y el Cono Sur, Rocío Urón Durán, y la asesora técnica del organismo, María Alejandra Calderón.
Durante la jornada se revisaron los lineamientos, funciones y mecanismos de coordinación previstos en la Hoja de Ruta, con el objetivo de adecuar el documento a las capacidades institucionales del municipio y consolidar un abordaje basado en los derechos de las personas sobrevivientes de trata y trabajo forzado.
Gomez Tortosa, explicó que la iniciativa surgió por impulso de la intendenta Rossana Chahla y destacó el trabajo conjunto con organismos internacionales. "Lo que se busca es que el Municipio tenga un protocolo específico en materia de prevención de trata de personas con fines de explotación laboral, un problema que a nivel global se ha incrementado muchísimo", señaló.
El secretario General del Municipio indicó que la decisión de avanzar en esta política responde a la necesidad de profundizar las acciones preventivas desde el ámbito local. "La intendenta nos ha pedido que trabajemos con estos organismos internacionales para que nuestra ciudad dé un paso más adelante en todo este trabajo que venimos realizando de prevención", afirmó Gomez Tortosa quien además valoró la presencia de especialistas de Naciones Unidas en Tucumán para acompañar el proceso.
Por su parte, la directora regional para América Latina de Free the Slaves, Cinthia Belbussi, explicó que la elaboración de la hoja de ruta fue el resultado de un trabajo conjunto entre los equipos municipales y distintos actores vinculados a la problemática. "Trabajamos con los equipos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para elaborar un protocolo en forma participativa con todas y todos los actores que están interpelados por este tema para la identificación y articulación de situaciones de trata de personas, especialmente con fines de explotación laboral", sostuvo.
Belbussi remarcó que uno de los principales desafíos era incorporar al municipio como un actor clave dentro del circuito de detección y asistencia. "Había responsabilidades del Estado provincial, nacional y de organizaciones de la sociedad civil, pero faltaba trabajar en la articulación para que el municipio también sea una parte fundamental de este procedimiento", explicó.
La especialista detalló que, tras la validación del documento, el siguiente paso será su formalización mediante una resolución y la capacitación de quienes desempeñan tareas en territorio. "Mañana vamos a capacitar a los equipos que trabajan en territorio para que efectivamente sepan identificar, derivar y articular con los organismos competentes", indicó.
Consultada sobre la importancia de que un gobierno local impulse este tipo de políticas, Belbussi destacó el compromiso de la gestión municipal con la protección de derechos.
"Los gobiernos locales, como todos los niveles del Estado, tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Esta intendenta tiene muy puesto el eje en la salvaguarda de esos derechos y por eso es tan importante este trabajo", expresó.
También advirtió que la trata con fines de explotación laboral suele permanecer invisibilizada.
"Generalmente identificamos y asistimos a víctimas de trata con fines de explotación sexual, dejando de lado porque no sabemos reconocer a las personas que sufren explotación laboral. Por eso es tan relevante aprender a identificarlas y brindarles el apoyo que necesitan", afirmó.
Por último, manifestó su expectativa de que la experiencia desarrollada en la capital tucumana pueda replicarse en otras ciudades. "San Miguel de Tucumán es pionero en este trabajo y nos interesa mucho poder replicar esta importante labor en otros gobiernos locales", concluyó.
A su turno, la coordinadora de Estrategias para Sujetos de Especial Protección de UNODC para la región andina y el Cono Sur, Rocío Urón Durán, recordó que Naciones Unidas acompaña a los Estados en la implementación del Protocolo de Palermo, tratado internacional para combatir la trata de personas. "Para nosotros es muy importante porque significa bajar el Protocolo de Palermo, al que Argentina adhirió hace muchos años, al ámbito municipal y hacerlo efectivo en el territorio", explicó.
Urón Durán advirtió además sobre un cambio en la dinámica del delito. "Desde 2024 se registran muchos más casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso que de explotación sexual. Esto representa un reto para las autoridades, que necesitan capacitación y herramientas para identificar, investigar y judicializar estos delitos", señaló.
Respecto de la situación en Tucumán, aclaró que aún no existen datos específicos para la provincia, aunque sí un diagnóstico nacional. "Sabemos que Argentina es uno de los países que más casos de trabajo forzoso identifica en la región. Eso nos demuestra la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para detectar estos casos, asistir a las víctimas, avanzar en las investigaciones y lograr sanciones para quienes cometen estos delitos", concluyó.
