La Capital concretó su primer expediente digital ambiental y sancionó a una empresa tras una audiencia virtual
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán concretó un nuevo avance en materia de modernización administrativa al llevar adelante la primera audiencia ambiental de un trámite desarrollado mediante expediente digital, lo que permitió completar en un solo día una actuación que podría haber insumido meses.
El procedimiento finalizó con la sanción a una empresa, el pago inmediato de la multa impuesta y la imposición de nuevas obligaciones de regularización para la firma, por haber descargado escombros y otros residuos en los márgenes del río Salí.
La medida fue impulsada por la Fiscalía Ambiental que conduce el secretario de Ordenamiento y Convivencia, Javier González, en el marco del proceso de transformación digital promovido por la intendente Rossana Chahla orientado a simplificar la relación de los vecinos con la administración municipal, reducir tiempos de respuesta, eliminar trámites innecesarios y fortalecer la transparencia de la gestión pública.
La audiencia en la que se determinaron las sanciones administrativas fue presidida por el Juez Ambiental, Fabián Ruiz Lizondo, y se desarrolló íntegramente mediante herramientas digitales. Esto permitió la incorporación electrónica de documentación, la intervención remota de las partes y la registración digital de todas las actuaciones producidas, en articulación con la Secretaría de Innovación Tecnológica del Municipio, conducida por Omar Abraham, que brindó el soporte técnico.
“Este tipo de iniciativas es parte de la modernización del estado municipal que promueve nuestra intendenta Rossana Chahla, y busca mediante la digitalización, simplificar la relación de los vecinos con el municipio, acortar tiempo de esperar, eliminar trámites innecesarios y sobre todo fortalecer la transparencia de la gestión pública”, explicó González.
La investigación
A partir de ese antecedente, se realizaron inspecciones conjuntas en el lugar con la Brigada Ambiental Municipal (BAM), que funciona bajo la órbita del a Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Julieta Migliavacca, donde se verificaron importantes acumulaciones de escombros y residuos de construcción.
En la pesquisa se identificaron contenedores pertenecientes a una empresa de transporte de residuos de construcción, se relevaron testimonios, se incorporó documentación fotográfica y audiovisual y se requirió información a organismos provinciales con competencia ambiental. Todo esto fue exhibido en la audiencia y, con los elementos reunidos durante la investigación, se determinó que el predio inspeccionado no era un sitio habilitado para la disposición final de residuos de construcción y demolición, circunstancia que resultó especialmente relevante para el análisis de los hechos.
La audiencia
En el encuentro virtual, González expuso los resultados de la investigación y sostuvo que la actividad constatada implicaba riesgos concretos para el ambiente, particularmente por la acumulación de residuos de construcción en sectores próximos a cursos de agua y espacios ambientalmente sensibles. Por su parte, la apoderada legal de la firma imputada, Luciana Musa, brindó una versión exculpatoria de los hechos imputados, proporcionó pruebas para solventar su postura y solicitó el sobreseimiento de la empresa representada.
Al resolver el caso, el juez Lizondo hizo lugar parcialmente a la pretensión sancionatoria y dispuso la condena de la empresa por las infracciones verificadas, pero también otorgó un plazo que había sido requerido por Musa para que la firma complete la documentación necesaria y pueda continuar operando.
Uno de los aspectos más destacados del procedimiento fue que, concluida la audiencia, la empresa condenada procedió al pago inmediato de la multa impuesta, dando cumplimiento efectivo a la decisión sin necesidad de nuevas actuaciones o intimaciones posteriores. Además, González destacó la celeridad alcanzada gracias al nuevo sistema. “Este proceso, si se hubiera tramitado bajo el sistema que habitualmente se utiliza, podría haber demandado hasta seis meses. Con esta modalidad digital se redujo a apenas 22 minutos de audiencia”, explicó.
Nueva etapa
Durante la audiencia, la Fiscalía Ambiental Municipal destacó que la protección ambiental y la modernización administrativa son objetivos que deben avanzar de manera conjunta. “Los ríos, el aire y el suelo no tienen voz propia. No pueden defenderse ni denunciar. Por eso es una obligación indelegable del Estado y de sus funcionarios actuar con celeridad para cuidar el espacio que es de todos y evitar que intereses particulares comprometan un patrimonio que pertenece tanto a esta generación como a las futuras”, expresó González.
El funcionario también valoró el carácter innovador de la experiencia y el consenso alcanzado entre las partes para llevar adelante el procedimiento. “Esta audiencia se desarrolló en un marco institucional que vale destacar, como fruto de la buena voluntad del Juzgado de Faltas y de la representación legal de la firma involucrada”, señaló.
Asimismo, remarcó que la incorporación de herramientas digitales permite fortalecer el acceso a la justicia administrativa ambiental, reducir tiempos de tramitación y obtener respuestas más rápidas y efectivas frente a conductas que afectan bienes colectivos.
Por último, González convocó a los vecinos a involucrarse en el cuidado del ambiente mediante la denuncia de conductas irregulares. “El orden que buscamos promover se construye desde el Estado junto con los vecinos. Por eso valoramos el acompañamiento permanente y el aporte de información que puedan brindarnos. Los invitamos a realizar denuncias a través del portal Ciudadano Digital del Municipio, que además permite monitorear paso a paso el avance de cada trámite”, completó.